Comunicado frente a las violaciones a la Ley 1861 en el periodo de reclutamiento de noviembre de 2017

Logo Justapaz transparencia copia copiaJUSTAPAZ por medio de su Proyecto de Noviolencia, Objeción de Conciencia y Prevención del Reclutamiento de NNA observa con preocupación un alarmante nivel de desconocimiento y violación de los procedimientos y garantías jurídicas consagradas en la Ley 1861 de 2017 “Por la cual se reglamenta el Servicio de Reclutamiento, Control de Reservas y la Movilización" y en la Constitución Política en el mes de noviembre, por parte de Distritos Militares, Zonas de Reclutamiento, Batallones del Ejército y organismos de control en gran parte del territorio colombiano. 

Por lo tanto, Justapaz denuncia que durante el mes de noviembre de 2017:

-          Continúan presentándose detenciones arbitrarias o las llamadas “batidas” con fines de reclutamiento sobre todo en sectores rurales y ciudades intermedias, sin embargo, tampoco cesan éstas irregularidades en ciudades como Bogotá en zonas periféricas.

-          Miembros de Distritos Militares y Batallones del Ejército se niegan ilegalmente a recepcionar las solicitudes escritas de objeción de conciencia.

-          Miembros de las Fuerzas Armadas se niegan a dar validez a las solicitudes verbales de objeción de conciencia y cuando lo hacen, exigen ilegalmente la aportación inmediata de las pruebas que la soportan.

-          Miembros de las Fuerzas Armadas estigmatizan y restringen de manera ilegal la participación de organizaciones de derechos humanos en los procesos de definición de la situación militar de los objetores de conciencia.

-          Ilegalmente las autoridades de reclutamiento no suspenden el proceso de incorporación una vez presentada la solicitud de objeción de conciencia.

-          Personal militar de los Batallones y Brigadas intimida y toma represarías ilegales en contra de los jóvenes que optan por declararse como objetores de conciencia cuando se encuentran incorporados.

-          Comisiones Interdisciplinarias de Objeción de Conciencia no presentan imparcialidad en la toma de decisiones; y una vez tomadas las decisiones no justifican en sus oficios la negativa en el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia.

-          Asesores jurídicos de los Distritos Militares exigen de manera obligatoria la presentación de pruebas o documentos anexos a la declaración de objeción de conciencia que no se encuentran estipulados en la Ley 1861 de 2017 con el fin de realizar el procedimiento legal de definición de la situación militar. 

-          Personal militar retiene ilegalmente las cedulas o documentos de identidad de los jóvenes que son desincorporados de filas como forma de represaría.

-          Miembros del Ejército justifican la violación de las disposiciones normativas consignadas en la Ley 1861 de 2017, argumentando el cumplimiento de cuotas de conscriptos desde la Dirección de las Fuerzas Armadas. 

-          Las FFMM no están cumpliendo con los plazos establecidos en la ley para garantizar los procesos de inscripción desde el comando de reclutamiento, los parámetros para la liquidación de cuotas de compensación y costos de libreta militar.

-         Finalmente, durante las jornadas de amnistía para remisos se vienen presentando irregularidades y exigencias probatorias a la hora de condonar cobros por multas que finalmente los jóvenes no pueden pagar.

Adicionalmente, Justapaz visibiliza salvo excepciones puntuales (Personería de Cali), que varias instancias del Ministerio Público tanto a nivel nacional, como regional han manifestado completo desconocimiento de su rol en el marco de los comités interdisciplinarios, y en otros casos se observa  negligencia en la garantía de derechos fundamentales como el debido proceso administrativo y la objeción de conciencia consagrados en la Ley 1861 de 2017.

De acuerdo a lo anterior, Justapaz insta a las autoridades de reclutamiento militar y otras entidades estatales competentes a que se apeguen al procedimiento establecido en la Ley 1861 de 2017 y respeten los derechos constitucionales que poseen los jóvenes que no han definido o se encuentran en proceso de definir su situación militar.