Alerta por el Pacífico Nariñense
Comunicado Las Iglesias Santuarios de Paz expresan su solidaridad con las Víctimas del conflicto armado
9 de abril: Día Nacional de memoria y solidaridad con las víctimas.
Este 9 de abril se cumplirán 72 años del asesinato al líder y político Jorge Eliecer Gaitán, simultáneamente, se conmemorará el día Nacional de memoria y solidaridad con las víctimas; aprobado por el congreso de la república a través de la ley de víctimas, y sustentado por los relatos de diferentes historiadores, quienes coinciden en que la época es el comienzo de la violencia política y el conflicto armado del país. Sintonízate con la paz, en su última emisión, decidió sumar su voz y destacar la importancia del entendimiento, visibilización y restauración hacia cada persona atravesada por el conflicto.
La emisión contó con la participación de Diana Katherine Cardona, socióloga especialista en epistemologías del sur y maestrante en investigación de problemas sociales contemporáneos y profesional del área de Memoria, Derechos Humanos e incidencia de Justapaz, junto con Gil Alberto García, líder del corregimiento de Monterrey en Simití, Bolívar, quien ha participado en la experiencia de paz y reconciliación del Comité cívico del Sur de Bolívar.
¿Cuáles violencias persisten para la población civil después de la firma del acuerdo de paz?
Según Diana Katherine, después de la firma de los acuerdos de paz se continuaron presentando afectaciones de los derechos humanos principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Putumayo, Córdoba y Norte de Santander; reportando 16 masacres en septiembre de 2020 y dejando hasta la fecha de marzo del año 2021 un total de 1100 lideres sociales asesinados. Las personas desmovilizadas de las Farc también se han visto vulneradas, pues a pesar de que más de 13.000 hayan dejado las armas y hayan desarrollado los parámetros inscritos del proceso de paz de manera satisfactoria, la violencia y persecución se evidenció y dejando como saldo aproximadamente 80 asesinados para el 2019 y un total de 20 asesinados para el año 2020.
¿En Colombia aun existe el conflicto armado a pesar de que se haya desmoviliza la guerrilla?
En Colombia se sigue hablando de un conflicto armado de acuerdo a los analistas y a los violentologos, quienes adaptaron una perspectiva que se aleja de lo superfluo: no existe en la actualidad una situación denominada pos-conflicto ya que el conflicto sigue vigente y de manera constante, el término para utilizar de manera posterior y acorde a la tregua entre los grupos armado y el Estado se debe denominar pos-acuerdo.
El no cubrimiento de garantías a los sujetos desmovilizados, reconfigura las disidencias de las Farc y de nuevos grupos armados, que además de ser una mezcla de muchas tendencias ideologías y apuesta bélicas diferentes, involucran el que siga vigente la guerra con unas dinámicas similares a las de tiempos anteriores, pero ahora con el apoyo de la derecha colombiana que normaliza y perpetua el enfrentamiento a través de las armas.
‘’Sabemos que, a la derecha colombiana, no le interesa la paz, no le interesa la firma de los acuerdos de paz y no le interesa de ninguna manera que haya una garantía de derechos no solo para las víctimas del conflicto armado colombiano sin también para quienes participaron del conflicto desde esa parte bélica. Es importante mencionar que nosotros estamos en la tarea de romper con la dualidad víctimas/victimarios, porque los victimarios que se desmovilizaron y que se reincorporan a la vida civil también son víctimas del conflicto que obedece a unas razones estructurales de la sociedad’’, menciona la socióloga Diana Katherine.
¿Qué es la unidad de víctimas y quiénes la conforman?
La ley 1448 de 2011, busca promover la paz y la reconciliación a través de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que reconozcan los derechos de las víctimas en el conflicto armado colombiano. Es conformada por personas afectadas directa e indirectamente a través de su integridad física, mental, emocional o de dignidad por hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1985 en el marco del conflicto armado colombiano hasta la actualidad.
La ley cubre una lista de actos determinados, los cuales son identificados para lograr restaurar de manera acorde a las víctimas directas de desaparición forzada, actos terroristas, amenazas, combates, enfrentamientos, hostigamientos, delitos sexuales, vinculación de niños y niñas a la guerra, masacres, etc. Simultáneamente, se comprueba el vinculo con padres, compañeros sentimentales o hijos ya que a estos se les se identifica como víctimas indirectas.
La Unidad de víctimas registra al año 2020 aproximadamente 9’113.500 personas reconocidas como víctimas, con un promedio de 4’523.000 hombres afectados y 4’585.811 mujeres afectadas por el conflicto armado, evidenciando una distribución equitativa desde la variable género; como afectados diferenciales también se identifican 3.462 casos de personas LGTBIQ+ las cuales han sido sometidas al desplazamiento forzado.
‘‘Estamos hablando de una distribución del 50 o 49 por ciento, cuando usualmente nos dicen que la guerra y que las víctimas en su gran mayoría han sido hombres. Aquí la distribución es muy equitativa, pero es importante mencionar también esas afectaciones a razón del género y reconocerlas’’, menciona Diana Katherine.
Ley de víctimas en el sur de Bolívar y el Magdalena
Gil Alberto menciona cómo junto a otros cinco corregimientos se identificaron como Comité cívico y fueron pioneros en adaptar el término y la articulación de una reparación colectiva, capacitaron a diferentes líderes del territorio para realizar encuestas y recolección de datos en sus zonas, sin embargo, todo el diagnóstico ejecutado por parte de la comunidad fue descartado al presentarse ante las entidades encargadas de implementar la ley, pues al no ser los lideres sociales pertenecientes a entidades como gobernación, alcaldía, nación o unidad de víctimas, identificaron la articulación como un Proyecto de desarrollo comunitario desvinculada del gobierno.
Fases de restauración
La ley tiene como objetivo brindar medidas de asistencia y atención para restablecer derechos básicos en salud, educación, generación de ingresos y ayuda humanitaria hasta que se a posible la reintegración a la vida civil, fue aprobada inicialmente hasta el 2021 y fue ampliada con una vigencia de 10 años más hasta el 1 de junio de 2031, se desarrolla a partir de cuatro pasos:
- Medidas de satisfacción: Estas se enfocan en mitigar el dolor de la víctimas, contribuir a la reconstrucción de la verdad sobre los hechos ocurridos y divulgar la memoria histórica del conflicto armado.
- Rehabilitación: Establecer situaciones físicas y psicosociales de las víctimas mediante tratamientos médicos y acompañamiento psicológico.
- Restitución: Restituir los derechos de los que se gozaban antes de los hechos ocurridos.
Sobre la fase de restitución hacia las víctimas, Diana genera una perspectiva crítica y diversas preguntas: ¿qué condiciones tenían estos sujetos en su territorio? ¿una condición inicial garantiza derechos básicos? ¿se quiere solamente restituir o profundizar y mejorar las condiciones para una vida digna?
4. Garantías de no repetición: Se trata de las garantías y acciones del Estado para garantizar que lo ocurrido jamás va a volver a suceder junto con una indemnización administrativa y monetaria.
Para las víctimas que se encuentra radicadas fuera del país, las garantías son aplicadas a través de vía administrativa del articulo 149 del decreto 4800 del 2011.
Experiencia de reconciliación en el sur de Bolívar y el Magdalena
A partir de las desmovilizaciones de paramilitares en el año 2006 se crearon corregimientos
con el fin de entrar a luchar para mitigar la violencia; ‘’teníamos que luchar para que no siguiera la violencia. Por ejemplo, en Monterrey y San Blas nos habían quedado por ahí unos 100 y pico de desmovilizados, sabíamos que esa agente solo sabía echar plomo y matar gente. Teníamos que reintegrarlos a la vida comunitaria y al trabajo y así fue como luchamos y empezamos a involucrar estos muchachos con mucho respeto, con temperamento y con respeto a su integridad y manera de pensar. Algunos prefirieron irse por no acogerse a las normas de la comunidad y otros se quedaron; pero la única forma de hacer proceso de paz con el conjunto, es respetando a todos.’’ Menciona, Gil Alberto.
Por: Karol Chala