Anserma, Caldas ya cuenta con una Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado
Según el Registro Único de Víctimas, en Anserma, Caldas, a 2022, había cerca de 5.901 víctimas del conflicto armado. El paso dado hacia la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado significa un importante avance hacia la reparación.
Tras el trabajo articulado entre población civil, organizaciones sociales, líderes/as sociales e instituciones de Anserma, Caldas, durante el mes de octubre se oficializó la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado de este municipio. Esto fue el resultado de distintos encuentros, en donde se escucharon las voces de población víctima del conflicto armado en general y de representantes de diferentes grupos poblacionales (campesinos, mujeres, jóvenes, adulto mayor) con el propósito de realizar un diagnóstico territorial e identificar el estado actual de la aplicación de la ley 1448 de 2011, los acuerdos de paz firmados en el año 2016, y el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026.
Esta Política también busca ser un puente hacia la justicia, verdad, reparación y no repetición, de quienes han habitado esta zona del país. Asimismo, el trabajo de diálogo que antecedió esta política fue clave para la identificación de necesidades y demandas de la comunidad de Anserma, quienes, entre otras cosas, insisten en una mayor presencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la atención prioritaria a la verdad histórica y la implementación efectiva del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).
Una de las prioridades con esta Política es lograr la garantía integral de los derechos de las víctimas, ajustada a las particularidades del territorio, fortaleciendo las organizaciones de víctimas, promoviendo la participación ciudadana, y vinculando a la población afectada en la toma de decisiones. Adicionalmente, a través de esta Política se proponen programas y proyectos concretos para abordar las necesidades identificadas, insistiendo en acciones que van desde la creación de un Centro Integral de Atención a Víctimas hasta la implementación de estrategias educativas y proyectos productivos.
A lo anterior se suma lineamientos en la implementación relacionados con la incorporación de esta Política en los planes de desarrollo municipal y la asignación de recursos adecuados, para esto también será necesaria la participación activa de las administraciones municipales y la formulación de estrategias específicas para cada periodo de gobierno.
¿Cómo afectó el conflicto armado a la población de Anserma, Caldas?
Uno de los hechos que marcó la historia del conflicto armado en Anserma fue la creación de la Coordinadora Guerrillera del Café, un brazo subversivo que tenía como blanco a los empresarios de este sector económico, y entre cuyos hechos se cuenta, para el caso de Caldas, el secuestro de los hermanos Luis María y Carlos Arturo Gallego. Particularmente, esta situación tuvo mayor impacto en los municipios de Riosucio y Anserma.
Se conocieron casos de asesinatos, como el de Daniel Eduardo Gómez Uribe, industrial caldense en el sector de El Retiro; intentos de secuestro; voladura de fincas, como la de la hacienda El Pintao de Elías Jaramillo Botero, quema de buses y reclutamientos masivos.
En los años noventa, en Caldas, las FARC y el ELN se expandieron significativamente coincidiendo con la ruptura del pacto cafetero. El frente 47 de las FARC, que se conformó en el oriente antioqueño, se desplazó y asentó en el oriente caldense, principalmente en el municipio de Samaná, movilizándose luego hacia el norte caldense utilizando el corredor Aguadas, Pácora y Salamina. Situación similar ocurre con el frente 9 de las FARC, que actuó en el oriente y norte caldense.
Por su parte, el ELN, denominado Cacique Calarcá, se expandió hacia el centro y suroccidente caldense, desplazándose además entre Risaralda y Caldas; por su parte, el frente Oscar William del EPL, estructura al mando de Francisco Caraballo, se asentó en Riosucio y Anserma. A esto se sumó la presencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y del núcleo urbano Marta Elena Barón en Manizales y Chinchiná.
Según fuentes periodísticas y relatos directos de pobladores, el periodo de 1999 al 2003 fue el de mayor violencia en Anserma, veredas como Concharí, la Florida, Consuelo, la Uria y tierra alta fueron declaradas como zona roja, allí se presentaron con mucha frecuencia homicidios y desplazamientos.
Sobre el año 2003, una vez las FARC y el ELN dejaron de actuar en la zona, siguió la delincuencia común, organizada por personas del mismo municipio y veredas más afectadas. “Después del 2004 y 2005, estos muchachos también hicieron mucho daño a la comunidad; en cuanto ellos se dieron cuenta que salía las Farc y estos grupos, que ya no hacían tanta presencia, ellos se organizaron, extorsionaron y mataron”. (Fuente obtenida en campo).
Es importante señalar que en los últimos años en el municipio se han continuado presentando hechos violentos. En 2017 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 002-18, en la que se advertía el riesgo en el que se encontraban aproximadamente 437 habitantes de las veredas: La Isla, El Paraíso y El Tablazo, ante la la presencia de hombres armados, quienes vigilaban las actividades de explotación minera que se estaban dando en la quebrada El Oro, ubicada en la intersección de las veredas La Isla, Paraíso y Soria.
Asimismo, se llamaba la atención sobre cobros extorsivos, restricciones a la libre movilidad y agresiones contra la integridad física de algunos habitantes. Para ese momento, el grupo La Cordillera, resultado de la desmovilización del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, era el más consolidado en la zona, en donde también estaban las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes disputaban principalmente la adquirió de tierras, la minería ilegal, el control de corredores y el tráfico de estupefacientes. Hay que señalar que estas estructuras armadas han estado relacionadas con el Cartel del Norte del Valle.
En agosto de 2024 habitantes del municipio denunciaron que en los límites entre Anserma y Quinchía, se había presentado un hecho delictivo en el que aproximadamente 40 personas fueron retenidas y despojadas de sus pertenencias, presuntamente por el grupo conocido como «Los Enanos», que operaba en esta región hace algunos años y tenía vínculos con el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Y ahora, ¿qué sigue?
La Política Pública Municipal de víctimas de Anserma 2023-2033, se implementará de manera gradual a través de la ejecución de los planes de desarrollo municipal. Esta implementación se traducirá en proyectos de inversión con cargo al presupuesto Municipal – Plan de Desarrollo; así como en otras fuentes de financiación como el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, Fondos de Cooperación Internacional y gestión institucional.
Cada administración municipal entrante deberá formular las estrategias que realizará en torno a la población víctima de Anserma, partiendo y teniendo en cuenta la estructura programática de esta Política.
Hay que señalar que durante este tiempo en el que se estará ejecutando la Política será primordial caracterizar a la población víctima del municipio. “Sobre los censos de víctimas hay un error porque a nivel nacional aparecemos con más de 3.600, a nivel local con una caracterización baja a 2.400, entonces hay un desfase que hace que se atrasen los procesos”. (Fuente obtenida en campo).
Asimismo, los habitantes aseguraron que hay muchos hechos victimizantes de los cuales no hay un registro. Muchos jóvenes fueron desaparecidos, otros reclutados y no se tiene información de su paradero, sus familias, muchas veces por temor, no realizaron la denuncia a autoridades competentes por la misma desconfianza en las autoridades estatales.
“Conozco 5 familias en las que sus hijos fueron desaparecidos y de eso no se habla, no les han dicho la verdad. ¿Usted se imagina lo que es que una señora le diga que la invita a comer hoy porque hoy es el cumpleaños de su hijo, de su hijo que lo desaparecieron hace 20 años? Acá nadie da información de eso. También hubo menores reclutados y seguimos siendo invisibles porque a nivel nacional no hay registro”. (Fuente obtenida en campo).
Siguiendo esto, es necesario seguir exigiendo que esta Política sea un camino que permita materializar de manera efectiva el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) en el municipio, asegurando que la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sean un realidad para todas las personas que vivieron el conflicto armado en Anserma.
