El pasado 09 de Julio del presente año, JUSTAPAZ recibió la noticia del asesinato del gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala del pueblo Awá, Rodrigo Salazar Quiñones en el corregimiento de Llorente. Como organización que trabaja por la promoción y garantía de los derechos humanos, JUSTAPAZ emite un mensaje de RECHAZO rotundo a esta y otras acciones violentas contra las poblaciones del sur del país, quienes en la actual coyuntura de cuarentena han vivido un permanente abandono del Estado y han quedado a la merced de las medidas violentas de grupos armados ilegales para limitar la movilidad de la población en sus territorios.
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Sumado a esta situación como organización que trabaja por la paz, la justicia, y los derechos humanos bajo el horizonte de la noviolencia, hemos sido alertados sobre las constantes amenazas y actos violentos que viven las comunidades étnicas de los municipios de Tumaco, Magüí Payán en el departamento de Nariño; y las comunidades religiosas rurales en el municipio de Puerto Asís, Putumayo; quienes en medio de las restricciones de la pandemia, se ven amenazados y vulnerables, no sólo por el virus, sino por el abuso de los grupos armados ilegales, y el abandono del Estado.
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Igualmente, reiteramos el llamado a reconocer que estas amenazas se suman a situaciones que son permanentes y que afectan estructuralmente la dignidad y la seguridad de las comunidades campesinas, étnicas y religiosas de la región. En palabras de líderes y lideresas del territorio, el aislamiento preventivo obligatorio ha generado un contexto de vulnerabilidad a la población civil que permanece en sus hogares mientras que ven transitar libremente a grupos armados y que impiden la movilización ciudadana por la exigibilidad de derechos propios de las comunidades indígenas.

Nos sumamos entonces al llamado y exigencia que hace el Resguardo Indígena Awá de Piguambí Palangala en conjunto con la Unidad Indígena del Pueblo Awá -UNIPA- al gobierno nacional, para que active una acción de acompañamiento integral a los pueblos indígenas de Nariño y Putumayo, así como a las comunidades afro que también han sido víctimas de violencia e intimidaciones por parte de grupos armados, a las comunidades cristianas que han sido permanentemente amenazadas por cumplir con su labor pastoral y que se garantice el derecho a la movilización civil cumpliendo con las condiciones de aislamiento preventivo en las cabeceras municipales y zonas rurales del país.
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Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil y a las iglesias a que, en apoyo fraterno a los pueblos indígenas, sumen su voz para que los territorios pertenecientes a los resguardos sean despejados de la presencia de actores armados legales e ilegales, que además ponen en riesgo a la población civil y es un caldo de cultivo para futuras violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Llamamos a la acción conjunta de las entidades de control, para que cumplan con su labor de velar por los derechos y las garantías de la ciudadanía de manera atenta y amplia, en común acuerdo con las comunidades y respetando el derecho a la consulta previa y al trato diferencial.

Firma: Martín Nates Yepes, Director y Representante Legal de JUSTAPAZ.