Justapaz participa en los avances de construcción de paz territorial en Nariño

Con una nutrida participación de actores nacionales, internacionales, regionales y comunitarios, en la ciudad de Pasto durante los días 8, 9 y 10 de junio se realizó la VII sesión de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño.

La sesión contó con la presencia de la embajadora de los Países Bajos, representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) y de la Conferencia Episcopal, quienes han acompañado permanentemente la negociación con el grupo armado Comuneros del Sur. Delegaciones del Ministerio de Defensa, Ministerio de Minas, Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Gobernación de Nariño también hicieron parte de este espacio.

Un proceso que avanza desde los territorios

La Mesa, creada oficialmente mediante resolución presidencial 369 del 13 de septiembre de 2024, representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, departamental, los municipios y el grupo armado Comuneros del Sur, que en marzo de 2024 anunció su separación del ELN y su intención de avanzar en la construcción territorial.

Este proceso ha impactado principalmente Estàs zonas: Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego, Santa Cruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor, los cuales han sido epicentro de una hoja de ruta basada en tres ejes: el desescalamiento de las violencias, la implementación de transformaciones territoriales y el tránsito de los integrantes del grupo armado hacia la ciudadanía plena.

La jornada en Pasto marca un hito al anunciarse la adopción de los Acuerdos 8, 9, 10 y 11, que abordan temas clave como las Zonas Temporales de Concentración, la ruta de reincorporación, la formación en democracia y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Estos acuerdos se suman a una línea de tiempo que evidencia avances concretos: ceses al fuego bilaterales, destrucción de material bélico, proyectos de infraestructura vial y salud, acciones de desminado humanitario, programas de búsqueda de personas desaparecidas, fortalecimiento de autoridades étnicas y comunitarias, y transformaciones productivas hacia economías legales.

El esfuerzo también se ha reflejado en inversiones significativas, como los más de 210 mil millones de pesos destinados a infraestructura vial, 38 mil millones para salud y 26 mil millones en conectividad digital.

La propuesta de Justapaz: fe y restauración en la construcción de paz

En este contexto, desde Justapaz, Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción Noviolenta, se presentó una propuesta en medio de este contexto. Està se centra en los siguientes puntos:  

• En la reintegración (Acuerdo 9): construcción participativa de rutas de reincorporación, fortaleciendo los vínculos familiares y comunitarios.
• En formación en democracia (Acuerdo 10): articulación con iglesias y liderazgos juveniles para impulsar ciudadanía activa y cultura de paz.
• En protección de niños, niñas y adolescentes (Acuerdo 11): acompañamiento técnico y espiritual, con metodologías pedagógicas participativas y apoyo a la Subcomisión Técnica con enfoque restaurativo.

«Desde nuestra vocación cristiana por la paz, creemos en el poder transformador del cuidado, la reconciliación y la escucha profunda», se expresó desde Justapaz, reafirmando la voluntad de sumar esfuerzos junto a quienes han optado por dejar atrás la violencia, a través de una perspectiva ética, espiritual y territorial.

Hay que resaltar que el proceso que se lleva con los Comuneros del Sur es a su vez una bocanada de esperanza para todo el país, pues actualmente es la única mesa de negociación local/subregional que llegó a un punto de no retorno. Además, en un territorio que históricamente ha sido marcado por la violencia.

Frente a lo anterior, hay que recordar, según datos de la OCHA, en Nariño durante 1984 a junio de 2024, más de 700.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, de 1990 a junio de 2024 1.138 personas tuvieron afectaciones por minas antipersona, se han reportado 46.118 homicidios entre 1985 y 2023. Además,  tan solo entre 2019 y 2024 se han presentado 1.334 ataques contra la población civil y se ha informado de 526 acciones armadas entre 2018 y el primer semestre de 2024.

Actualmente, siguiendo información de Indepaz, el departamento tiene presencia del Estado Mayor Central (EMC); la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia, junto con aliados locales y el ELN. Estas organizaciones tienen presencia en territorios como Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y la región de la cordillera. Esta situación responde a la disputa por el control de rutas del narcotráfico, corredores estratégicos hacia el Pacífico, cultivos de uso ilícito, minería ilegal, deforestación extorsión y otras rentas ilegales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2024) ha alertado que las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en la zona de la cordillera enfrentan un riesgo constante debido a la presencia y los enfrentamientos de estos grupos armados. A esta situación se suma el surgimiento de nuevas estructuras locales, entre ellas las denominadas Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

Así las cosas, vale la pena señalar que este proceso en Nariño es muy relevante en esta zona del país. Asimismo,  se consolida como un modelo de construcción de paz desde los territorios, articulando esfuerzos institucionales, comunitarios y de organizaciones de la sociedad civil, demostrando que el diálogo y la acción concertada pueden dar resultados sostenibles cuando se reconocen las dinámicas locales y las voces de las comunidades.