La vida digna incluye una renta básica

Sintonízate con la paz, resalta iniciativas sociales que permiten mitigar diferentes problemáticas, es por eso que en su última emisión decidió abordar el tema de la renta básica no solo desde la perspectiva de una cuota económica mensual sino también como el cubrimiento de necesidades básicas que traen consigo eldesarrollo de una vida digna para todas y todos.

Sobre el año 2020 se presentó un borrador del proyecto de ley de renta básica en donde se inscribieron más de 2000 personas y establecieron aproximadamente 30 mesas de trabajo a partir de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios y ciudadanía para conversar y condensar ideas acerca de la propuesta; a pesar de los esfuerzos, sobre el mes de diciembre del año pasado, el proyecto se hundió. 

Durante el presente año, el proyecto de ley impulsado por congresistas como Ángela María Robledo, Wilson Arias, Richard Aguilar, Iván Marulanda, Armando Benedetti, Gustavo Petro y Roy Barreras; entre otros y en compañía de la firma de ciudadanos y organizaciones de los diferentes sectores, tuvo un espacio para ser retomado sobre los días 11 y 12 de marzo y proyectado para radicar sobre el día 16 de marzo de 2020.

Aunque gran parte de los colombianos entienda la propuesta como una respuesta a las problemáticas de desigualdad, pobreza y precariedad laboral del país, también, gran parte de la ciudadanía no entiende a que se enfoca toda la iniciativa, es por eso que dentro del mismo proyecto de ley se encuentra argumentado su propósito y explicación: qué es renta básica, a quiénes beneficia y por qué es importante aplicar determinando mecanismo en Colombia.

La renta básica presenta como objetivo una vida respetable, esto, sin tomar en condición otras posibles fuentes de renta y sin importar cómo o con quién viven los ciudadanos, es por eso que promueve un ingreso pagado por el Estado de $320.0000 pesos para cada integrante de la sociedad o la suma de $480.000 pesos para un núcleo familiar conformado por más de 5 personas. El ingreso no se adjunta con algún trabajo, no tiene carácter de salario, no excluye otros programas del gobierno y es permanente, no se cancelará si se si aumentan las fuentes de ingreso de la persona.

El proyecto beneficiará a 30 millones de colombianos entre jóvenes, adultos y adultos mayores de manera completa, ya que a partir de las experiencias con otros programas de transferencia monetaria, las entidades no podrán realizar retenciones o descuentos de ningún tipo por costos administrativos, logísticos o de intervención financiera.

El mecanismo además de cubrir las necesidades básicas de cada ciudadano busca solucionar diversas problemáticas sociales en torno a la seguridad y a la salud, sobre todo en tiempos de confinamiento; un ingreso mensual y suficiente evita que las personas al verse sin una opción de empleo tengan que salir a delinquir o arriesgarse a contagios en espacios conglomerados para desarrollar trabajos de comercialización informal sin procesos de bioseguridad.

En diferentes países de Latino américa el proyecto se ha implementado y desarrollado con éxito, demostrando así que es una medida completamente viable. El llamado a implementarse es urgente, pues, solo el 30% de los colombianos come dos veces al día y el 10% come una única vez al día. Además, se calcula que la propuesta tendría un costo fiscal de cerca del 3,75% del PIB, aproximadamente, 37,5 billones de pesos; situándose únicamente 2,5 puntos por encima de los programas que ya brinda el gobierno nacional. 

Los recursos para empezar a implementar el proyecto de ley, estarían destinados a partir del Fondo de la mitigación de emergencia, el cual posee un presupuesto para ser invertido en diferentes tipos de coyunturas que puedan atravesarse en el país. Dentro de sus protocolos y parámetros para utilizarse, se registran las características de la pandemia, sin embargo, el dinero no ha sido evidenciado en ningún sector que permita el apoyo a la población vulnerable.

‘’Los recursos se podrían conseguir si el gobierno tiene la voluntad política y adquiere un compromiso de destinar mayor % al PIB para atender la emergencia. Hay que modificar esa visión que se tiene desde el gobierno acerca del papel del Estado como regulador en el marco de una situación de emergencia: La necesidad de destinar de ese fin impuestos como el 4xmil, la refinanciación de la deuda externa, el aumento del recurso de manera temporal a través del impuesto al patrimonio para personas naturales y eventualmente a empresas.’’ Comenta uno de los participantes de la iniciativa.

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Por: Karol Chala.