¡Creemos e insistiremos en que toda movilización social sea y siga siendo creativa,
pacífica y Noviolenta!

Reflexiones sobre las razones y agenda del Paro Nacional del 28 de abril 2021

Colombia está en una coyuntura en la que el movimiento por la paz, distintos sectores sociales y populares y quienes coordinan el movimiento por el Paro Nacional, mantienen activa una agenda de justicia social y paz para nuestro país. Puntos claves de esta agenda se vienen movilizando y discutiendo con el gobierno Duque desde 2019 (Calidad y cobertura educativa, implementación integral del acuerdo de paz, frenar la flexibilización laboral, renta básica, no a las reformas tributarias que exigen de impuestos a la banca e industriales, no a las reformas a las pensiones…).

Con eso se comprende que el Paro Nacional de abril 28/21 va más allá del rechazo a la reforma tributaria del Gobierno Duque, aunque sí es un detonante más para la protesta y la movilización social. La ciudadanía y sus organizaciones sociales se movilizan también en rechazo a la reforma de la ley 100, que insiste en seguir privatizando la salud que es derecho público y no mercancía. Se rechaza tener que pagar tributos para sostener la deuda externa e interna del país y más aún que estos recaudos se destinen al presupuesto de las FFMM, financiar el conflicto armado interno o para apoyar a los grandes empresarios.

Marchan los pueblos indígenas y campesinos por el atropello del gobierno a sus culturas y leyes, al incumpliendo del acuerdo de Paz y por volver a la erradicación forzada de los cultivos ilícitos a través de la fumigación con glifosato, dejando atrás los programas de sustitución consensuada de cultivos de uso ilícito y los puntos contemplados en la reforma integral del campo. Se rechaza y a la vez se exige la protección de líderes y lideresas sociales ante las masacres, amenazas y asesinatos que se han documentado en distintas regiones del país.

Marchan las plataformas antimilitaristas y los colectivos de jóvenes y estudiantes por la
paz, estudiantes universitarios. Se movilizan las víctimas del conflicto armado, los excombatientes, los movimientos eclesiales por la paz, los artistas populares, los movimientos feministas, los colectivos LGBT, sindicalistas, los movimientos de derechos humanos. Quienes se movilizan son ciudadanos y ciudadanas conscientes de los cambios sociales, culturales, políticos, ambientales y económicos que requiere el país para avanzar
hacia la reconciliación y la paz. Marchan ante el autismo social del gobierno que no quiso
reunirse en Bogotá con la Minga Indígena, y sólo escucha a sus aliados políticos, a los grandes empresarios y a la banca. Quienes se manifiestan en las calles en campos y ciudades no son “vándalos y terroristas” como lo viene diciendo públicamente el Presidente
Duque y sus ministros. Son ciudadanos y ciudadanas que vienen siendo afectados por las
políticas neoliberales y militaristas en que se ha empeñado el actual gobierno.

Mientras el gobierno de turno quiere crear nuevos impuestos a los sectores populares y a la clase media no se detiene la burocracia estatal, la corrupción, administrativa y las exenciones tributarias al “gran mercado”. Esto ocurre y el Presidente Duque se niega en apoyar la propuesta de “renta básica” para sectores populares… pero si elude su responsabilidad a través de un programa llamado “ingreso seguro” que no se conduele con la situación social y económica de miles de desempleados o de pequeños emprendimientos que son afectados por la pandemia.

Un país que se desangra en 2021 y está en duelo por los más de 80 mil muertos por covid19; por las 25 masacres (132 fallecidos); Mas de 50 líderes y lideresas defensores de derechos humanos asesinados. Más de 27 mil desplazados. Y en el marco del paro Nacional de abril 28/21, los reportes de plataformas de DDHH resaltan que la respuesta estatal en las movilizaciones ha sido desmedida “hay un saldo de más de 30 muertos, más de 1300 casos de violencia por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas a manifestaciones, 17 víctimas de lesiones oculares por disparos en los ojos, 56 casos de disparos con arma de fuego, 319 denuncias por desaparición en el contexto de violencia y 9 casos de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública, (Campaña Defendamos la Libertad).

Ante estos hechos el gobierno guarda silencio o anuncia investigaciones exhaustivas, pero dio la orden de militarizar las ciudades. Entidades del Ministerio Público como Defensoría del Pueblo y Procuraduría tienen una actuación discreta y se espera que hagan seguimiento y exijan que haya garantías para la protesta y la movilización social como bien se expresa en la Resolución 1190 de 2018: “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”.

Las organizaciones de derechos humanos, las redes sociales y medios de comunicación alternativos hay sido testigos de lo que realmente sucede en las calles. Los grandes medios se enfocaron en los daños materiales… pero no enfocaron las noticias en las causas que llevaron al paro y a la protesta social que han sido pacíficas en la mayoría de los casos. Todos salen por la falta de garantías para el acceso a educación, trabajo, salud. En los últimos días el gobierno del Presidente Duque presionado por las múltiples voces del Paro Nacional en un comunicado anunció que retira del Congreso de la República el actual proyecto de reforma. Renunció también el Ministro de Hacienda y se encomendó al nuevo ministro de esta cartera para que avance en diálogos con sectores políticos para reconstruir la propuesta de reforma tributaria. Junto a ello delegó al Alto Comisionado para la Paz para convocar a los gremios, sectores políticos, industriales y sectores sociales a dialogar sobre una agenda de justicia social… esperamos que no sea un intento dilatorio y se pueda constatar por las vías de la veeduría ciudadana y los partidos de oposición que estos espacios de diálogo acojan el sentir y las agendas populares.

Será necesario que las organizaciones sociales, convocantes del paro y partidos de oposición y la ciudadanía en general haga seguimiento del nuevo texto de la reforma y los canales de diálogo que está abriendo el Gobierno Duque… o que se avance hacia la no aceptación de esta reforma en la actual coyuntura del país. Es claro que el país ha rechazado que se aplique IVA a la canasta familiar, que se apliquen impuestos a las pensiones, a los servicios funerarios e incluso al uso de internet o que se ponga a tributar a las clases medias. Debe ser claro para el país y los gobernantes que estos tributos no son para la guerra ni para cubrir las deudas de la banca o industriales, pero sí deben estar orientados al acceso a los derechos de los más empobrecidos ya sea por la pandemia del covid19 y a quienes han sido afectados por las políticas económicas del actual gobierno.

El país también está y seguirá sumando propuestas al gobierno y al Congreso para que se
avance en una propuesta de “renta básica vital” para los sectores populares. Las distintas expresiones del movimiento por la paz y la justicia social sumaran propuestas para seguir insistiendo al gobierno nacional del gobierno del presidente Iván Duque para que se respete la protesta social y no se estigmaticen las protestas, que haya una reforma completa a la Policía Nacional, se les forme en derechos humanos y no se usen armas letales contra la población civil.

La agenda de un diálogo social en Colombia incluye también la implementación del Acuerdo de Paz; el desmonte del actuar paramilitar en los territorios; la búsqueda de salidas negociadas a los conflictos armados en el país; la inversión social para la paz según lo dispuesto en los PDETs; en la participación de la ciudadanía para construir lo público, el apoyo total al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Desde nuestra Justapaz como entidad de la Iglesia Menonita de Colombia y en alianza con otros sectores sociales, Iglesias, de derechos humanos y plataformas de paz estamos y seguiremos en solidaridad con la movilización y protesta social pacífica, la exigencia de
justicia social desde los canales democráticos y los criterios de la Noviolencia.

Acciones que sugerimos que nuestros amigos y amigas de la cooperación
internacional pudieran divulgar o si fuera posible también tramitar exigencias al
Gobierno Nacional:
+++ El gobierno debe “parar” las actuaciones arbitrarias y desproporcionadas de la fuerza
pública y del ESMAD que olvidan las normas y protocolos sobre el derecho a la protesta
social y los puntos específicos sobre participación y derecho a la protesta social
contemplados en el Acuerdo de Paz. Así mismo las entidades competentes del Estado
deben investigar y dar explicaciones al país y la comunidad internacional sobre las
agresiones y violación de DDHH hacia los y las marchantes en el marco del Paro Nacional
+++ Es urgente que el gobierno nacional no estigmatice el movimiento social y las
protestas al calificarlos como “vándalos y terroristas” y ser prudentes ante las
declaraciones públicas de los funcionarios del Estado que insiste que estas estas
expresiones sociales son coordinas con milicias del ELN y/o las disidencias de las FARC.
Esto agrava el clima social y aumenta el riesgo a la vida y derechos de quienes participan
pacíficamente de las protestas
+++ La pandemia por Covid19 se agudizada porque el Gobierno ha limitado las libertades
democráticas al gobernar por decreto e impulsando proyectos económicos que favorecen a
la banca y grandes empresarios y afectan negativamente a la gran mayoría de pobladores.
Incluso en este contexto se abriendo el país a las multinacionales extractivistas.
+++ Solicitar al presidente Iván Duque que se retire o no se utilice la figura de “asistencia
militar” porque militarizar las ciudades y territorios no es la solución. El ejército no puede
asumir funciones policivas y se entiende más como mecanismo de represión. Su
naturaleza y actuación para el combate militar y empleo de armas letales pone en mayor
riesgo a la población civil y a las organizaciones que participan del Paro Nacional
+++ Que se brinden las garantías de justicia para las víctimas de quienes participaron del
Paro y que estas jornadas de protesta debido a las violaciones de Derechos Humanos
ejercidas por la fuerza pública. Que haya garantías para las personas que han sido
retenidas para que se les repete la vida y su integridad personal y que haya derecho a su
defensa y esclarecimiento de los hechos.
+++ Que se abran canales de diálogo entre el gobierno, el comité del Paro Nacional y
movimientos sociales para que se atienda la agenda del Paro y se atienda a las justas
exigencias de la población. Los criterios para este diálogo deben tener metas y criterios
claros para el trámite de las políticas y reformas que requiere el país para avanzar en
términos de justicia social, implementación del acuerdo de paz y no militarizar la sociedad
civil
+++ Que la Fuerza Pública respete los protocolos de intervención y acción en medio de la
protesta social, el NO uso de armas de fuego en estos contextos y el respeto por la vida e
integridad de las manifestantes, teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y
proporcionalidad, y el respeto por la labor de la defensa de los derechos humanos, y el que
garantiza la integridad y el derecho a la protesta social.

Finalmente, Justapaz continuará presente en las actividades propias del movimiento
social por la paz, la reconciliación y la Noviolencia. De manera particular y en la
medida de nuestros alcances institucionales continuaremos en puntos concretos:

• Motivar y fortalecer las reflexiones sobre justicia social, derechos humanos y paz en
las plataformas socio eclesiales y ecuménicas de las que hacemos parte y que
estas expresiones del sector religioso por la paz reflejen el sentir profético de
búsqueda de Justicia social y Paz. Es parte de nuestra identidad espiritual que la justicia social sea la base para la vida, bienestar y ejercicio de los derechos.
• Desarrollo de un ciclo de reflexiones regionales semipresenciales y virtuales sobre
la coyuntura del Paro Nacional, la construcción de paz y la Noviolencia. En estos
espacios se invitará a voceros sociales que ayuden a profundizar los contextos y
que desde los territorios sigan en la incidencia a través de sus propuestas
• Monitoreo continuo de la situación de DDHH de los y las jóvenes de las plataformas
antimilitaristas y Objetores de conciencia al SMO y afines por ser altamente
vulnerables ante los hechos de represión y limitaciones democráticas que vemos en
este gobierno
• Continuar las campañas en medios alternativos y redes sociales para divulgar y
apoyar el análisis de la coyuntura del conflicto armado, del paro nacional y de los
esfuerzos de la sociedad civil para avanzar hacia la paz con justicia social y la
reconciliación. Las buenas prácticas o iniciativas de paz en particular de nuestros
líderes y lideresas son una muestra de esperanza y de articulación social.
• Participar y ser parte de acciones públicas Noviolentas en Bogotá y en los territorios
priorizados por nuestra entidad ambientando espacios simbólico-religiosos y
conversatorios sociales y de veeduría
• Hacer seguimiento a través de las plataformas de paz y derechos humanos de las
propuestas políticas y jurídicas frente a las justas demandas del movimiento social
por la paz y la justicia social
• Participar de manera activa en los espacios por la paz de amplia cobertura como la
Cumbre por la democracia y la paz, la Semana por la Paz, Mesas de trabajo por la
paz etc. y en particular resaltando el papel de los jóvenes en la transformación del
país y el rol de las Iglesias en los escenarios de construcción de paz y de
reconciliación.

La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y
confianza para siempre.

MARTIN NATES

DIRECTOR JUSTAPAZ