Comunicado frente al pronunciamiento a la solicitud de levantar la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional en materia de Seguridad de los Firmantes del Acuerdo de Paz

Las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales
respaldamos plenamente el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado en
Colombia, recibimos con preocupación que en el ocaso de este Gobierno de Duque
persistan las acciones para seguir haciendo trizas su integralidad; más grave aún
que sea desde la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación en cabeza
de Emilio José Archila Peñalosa, quien solicitó en medios el levantamiento de la
declaratorio del Estado de Cosas Inconstitucional -ECI en materia de Seguridad de
los Firmantes de Paz.

Por ello es necesario que el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis fije una
postura clara y oportuna sobre los fines del Informe sobre la Seguridad de las
Excombatientes de las FARC1, de manera que no se instrumentalice para hacer eco
a pronunciamientos que quieren desconocer las órdenes judiciales de la ECI por el
Bajo Nivel de Implementación del Componente de Garantías de Seguridad de la
Población Firmante en Tránsito a la Vida Civil.

El informe sobre la seguridad de las personas excombatientes de las FARC-EP que
entregó el pasado 14 de marzo el Defensor del Pueblo al Presidente de la JEP,
Eduardo Cifuentes Muñoz, (y no al Señor Archila) refuerzan los argumentos
esgrimidos por la Corte Constitucional en su declaratoria ECI, y refiere aspectos
estructurales en materia de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz.

Por tanto, es irresponsable de parte del funcionario público señor Archila, hace
interpretación a su antojo y conveniencia, quien hace parte de un gobierno que se
dedicó desde el primer día de su mandato a asfixiar el Acuerdo de Paz, a destruir la
integralidad del mismo, a asignar presupuestos pírricos y cuyos pronunciamientos
públicos siguen exacerbando los riesgos de las personas que se la han jugado a
costo de sus propias vidas por la paz en Colombia, ya son más de 306 asesinados
desde la firma del Acuerdo.

El “informe tan juicioso” que cita el “Alto Consejero Archila, según su interpretación
exige que se reconozca los “avances” en la reducción de homicidios, pero cuyo
contenido muy por el contrario, pone en evidencia los riesgos crecientes en materia
de seguridad de los excombatientes, si bien puede contener algunos sesgos
impuestos por el despacho del Señor Camargo Assis, el mismo es contundente en
su análisis de lo débil e insuficiente de la política pública de prevención y protección
tanto en los niveles territoriales como en el nivel nacional para incorporar medidas
en favor de los firmantes del Acuerdo de Paz, que se refleja en lo dramático de las
cifras, con un total de 9 firmantes asesinados en lo corrido del año, tres de ellos
han sucedido en el mes de marzo.

Durante nuestro trabajo en territorio con organizaciones sociales de base, firmantes
del acuerdo y ciudadanía en general visibilizamos la crisis humanitaria y el nulo
avance en la implementación de los acuerdos, hemos recibido denuncias sobre el
incumplimiento de salvaguardar la integridad de los ex combatientes, sin embargo,
el Gobierno Duque insiste en que ha avanzado en esta materia.

Desconocer el Estado de Cosas Inconstitucional implica desmantelar la integralidad
que es cimiento fundamental del Acuerdo de Paz, desconocer la alta
responsabilidad que tienen las entidades involucradas al estricto cumplimiento de
este mandato, como también, omitir la creación de mecanismos eficaces que
garantice la materialización de los derechos de los ex combatientes.

La postura del Consejero Archila supone además una trasgresión a la autonomía e
independencia judicial al precedente unificado en materia de las graves,
sistemáticas y permanentes vulneraciones a los derechos humanos de la población
colombiana, descalificar una de las herramientas más poderosas de la Carta
Constituyente del 91 como lo es la declaratoria del estado cosas inconstitucional
cuando de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos se
trata, y con mayor razón para las víctimas de este prolongado conflicto armado en
Colombia.

Por lo anterior, exigimos:
Al Gobierno Nacional y en particular al Alto Consejero Archila:
• Respetar la independencia y autonomía judicial.
• Acatar plenamente las ordenes para la superación del ECI en materia de
seguridad de firmantes del Acuerdo de Paz.
• Respetar y acatar las recomendaciones del Informe Defensorial en Materia
de Seguridad de Excombatientes y no manipularlo a su conveniencia.

Al Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assís:
• Informar y aclarar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a
la cooperación internacional, los firmantes del Acuerdo de Paz y a la
ciudadanía en general los propósitos y recomendaciones contenidas en el
Informe en materia de seguridad de excombatientes.
• Aclarar y exigir al Gobierno Nacional y en especial a la Alta Consejería
Presidencial para la Estabilización, las conclusiones y recomendaciones en
materia de seguridad de los firmantes, subrayando las enormes falencias en
materia de implementación del Acuerdo de Paz.
• Exigir a las entidades de gobierno que acate las recomendaciones incluidas
en el informe, en particular en materia de seguridad.
• Solicitar mayor celeridad en las investigaciones que adelanta la Fiscalía, que
permita esclarecer y judicializar a los responsables del asesinato sistemático
de ex combatientes.
• Elaborar un informe de resultados de las medidas efectivas que se han
tomado para prevenir y detener de manera inmediata los asesinatos de
personas reincorporadas, así como las garantías para continuar con las que
deben contar en su proceso de reincorporación.
• Que se emita una Alerta Temprana de carácter estructural basada en el
informe en materia de seguridad de excombatientes elaborado por la
Defensoría del Pueblo, que contiene los elementos estructurantes para su
emisión.

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