Exparamilitares serán designados como gestores de paz 

18 exjefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fueron designados por Gustavo Petro como gestores de paz.

Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez, y Hernán Giraldo Serna, son algunos de los nombres que aparecen en la Resolución 453 de 2024, por la cual la Consejería Comisionada de Paz designa como gestores de paz a exmiembros de las extintas  Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para que contribuyan al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales.

Dentro del documento se especifica que el término de esta designación será de seis meses. Además, se señala que este nombramiento no modifica la situación jurídica de quienes serán gestores de paz, ni tampoco se verán implicadas las medidas de aseguramiento vigentes que tienen.

¿Qué hay de problemático con esta decisión?

Hay que señalar que los nuevos gestores de paz se desmovilizaron de los grupos paramilitares entre 2003 y 2005, años en los que el Estado adelantó un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Tras esto se sometieron al proceso Justicia y Paz, el cual permitió que sus sentencias se redujeran a un máximo de ocho años de prisión por desmovilizarse. 

Sobre esto desde el Movice se expresó: “El aporte a la verdad realizado por los paramilitares durante su proceso de desmovilización fue limitado, en gran parte debido a las deficiencias del marco normativo establecido, tanto en la Ley 975 como en el Decreto 4760. Dichos marcos no obligaban a los paramilitares a revelar información detallada sobre sus crímenes individuales ni sobre los delitos cometidos por los grupos armados a los que pertenecían, para recibir sanciones alternativas. Además, los paramilitares que se acogieron a la ley de Justicia y Paz mostraron escasa voluntad de hacer un aporte significativo a la verdad y, en consecuencia, a la reparación de las víctimas”.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, también se refirió al tema y aseveró que: “Entre los nuevos gestores hay máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables. Algunos de ellos se acogieron a Justicia y Paz y fueron excluidos por continuar delinquiendo. (…) ¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy gestores de paz a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido?”.

Hay que recordar que en cabeza de las AUC en el país ocurrieron hechos como la Masacre de El Salado, en donde hubo 60 asesinados, 2 mujeres violadas, 4.000 desplazados; la Masacre de El Aro, un hecho que dejó personas 17 asesinadas, 42 viviendas quemadas y cerca de 702 desplazados; la Masacre de Mapiripán que provocó el asesinato de 49 personas; y también la Masacre de Macayepo, en donde 15 perdieron la vida, y que además generó que todo el pueblo fuera desplazado. 

En total este grupo paramilitar fue responsable de, al menos, 4.000 masacres y 260.000 muertos. A esto se suma que, junto con otros grupos paramilitares, cometieron cerca de 94.754 asesinatos, fueron responsables del 44 % de los desalojos en el país, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Además, siguiendo datos de Naciones Unidas, las AUC cometieron cerca del 80 % de los asesinatos de civiles del conflicto armado interno en Colombia.

Adicionalemente, hay que señalar que según la Comisión de la Verdad, en el marco del conflicto armado se registraron 32.820 casos de violencia sexual, el 91% de estos en contra de mujeres. El 34.2% tenían como principales responsables a grupos paramilitares, principalmente de los bloques Héroes de los Montes de María, Calima, Mineros, Élmer Cárdenas, Norte, y Central Bolívar. Por ejemplo, el Bloque Norte de las AUC, bajo la comandancia de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, aplicó su modus operandi a través de la tortura, agresiones sexuales y empalamientos como táctica de estabilizar su posicionamiento y dominio territorial. Otro de los bloques más crueles fue el de Resistencia Tayrona, a cargo del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, hoy nombrado gestor de paz, quien hizo uso del aborto forzado y la violencia sexual como formas de violencia en contra las mujeres. Las cifras concuerdan en que el pico de las violencias sexuales cometidas por ellos corresponde al período entre 1997 y 2005.

Desde la Red Nacional de Mujeres se comunicó: “Es inadmisible que hombres que han sido responsables de centenares de agresiones sexuales contra mujeres y niñas, entre ellas acceso carnal violento, esclavitud sexual, tortura y prostitución forzada, ocupen estos cargos. Estos nombramientos no solo son revictimizantes para las mujeres y niñas, sino que además envían un mensaje de impunidad hacia los perpetradores, desconociendo que en Colombia la impunidad por delitos sexuales supera el 90%”.

¿Qué dice Gustavo Petro? 

En sus últimas comunicaciones sobre el tema él mandatario señaló que: “Cuando decidimos escoger gestor de paz, para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la corte constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición; no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico. Solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes del paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el periodo del gobierno de Uribe. (…) Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas”.

Ante esto las organizaciones de víctimas han invitado al presidente a tenerlas en cuenta y abrir espacios de diálogo. “Nos preocupa que la política de Paz Total se esté implementando sin una base ética sólida y sin una discusión política previa que involucre a quienes históricamente han sufrido los horrores de la guerra y particularmente en este caso, de los paramilitares. Si el objetivo es un acuerdo que sea duradero y legítimo, no puede construirse sin una representación amplia y justa. Exigimos saber cuáles fueron los criterios específicos para seleccionar a estos exjefes paramilitares como gestores de paz”, se afirmó desde el Movice.

Un paso hacia la construcción de paz que debe tener en cuenta a las víctimas

Si bien los en los procesos de construcción de paz, verdad y reconciliación es necesario contar con los actores que hicieron parte de las conflictividades, los escenarios restaurativos debe ser muy bien monitoreado y deben ajustarse a los principios de contribución real y efectiva a los procesos de verdad y reparación integral de las víctimas, y que a su vez hagan su mejor esfuerzo en orden a aclimatar las posibilidades de lograr un desarme de las estructuras paramilitares.

Por su parte, el Gobierno debe promover un monitoreo serio, escuchando también a otras ramas del poder público en términos de las limitaciones jurídicas y las condiciones reales en las que este ejercicio de gestoría de paz se va a realizar, ya que no es admisible que se haga de una manera improvisada o que vaya a tener nuevos factores de riesgo para la vida dignidad y los derechos de las víctimas, sobre todo en zona rurales o en territorios donde estructuras paramilitares han tenido control territorial.