La Comisión de Paz del Consejo Evangélico de Colombia- CEDECOL y las organizaciones que la integran, nos sumamos a las voces de rechazo por los hechos de abuso sexual cometido contra una niña indígena de apenas 13 años, perteneciente a la etnia Embera Katío del Resguardo Gito Dokabú- en el Corregimiento Santa Cecilia en Pueblo Rico (Risaralda) a manos de siete (7) soldados del Ejército Nacional de Colombia pertenecientes al Batallón de Artillería N. 8 ‘Batalla de San Mateo’ adscrito a la Octava Brigada.
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En el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, grupos armado ilegales son responsables por la escalada de las violencias en el territorio nacional contra los líderes y lideresas sociales, aumento de reclutamiento de niños y niñas; las violencias basadas en género, la alta tasa de feminicidios registrados en las últimas semanas, las violencias físicas y sexuales que se ejercen en contra de niñas, niños y jóvenes. Causa mayor preocupación que integrantes del Ejército Colombiano sean autores de algunas de estas violencias como las ocurridas con la niña de la étnia Embera Katio, la violación y asesinato de (3) niños en Arauca en el año 2010, el bombardeo contra menores en el Putumayo en el año 2019, y las ejecuciones extrajudiciales que son del conocimiento de la Justicia colombiana y por la que en múltiples ocasiones se ha condenado a la Institución militar.
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Hacemos un llamado urgente al Estado Colombiano y a las autoridades correspondientes para que se garanticen los derechos de los niños, se investigue y se sancione a quienes siguen violando los derechos humanos y que no haya impunidad frente a los hechos ya reseñados y que suelen cernirse sobre las poblaciones más vulnerables y excluidas por razones de etnia, género, raza o condición económica.

Desde nuestro compromiso ético y religioso por la paz, la justicia y la Noviolencia rechazamos todo tipo de acción que lesione la vida, el bienestar y los derechos humanos. Por ello invitamos a que en estos tiempos de aislamiento social por la pandemia del Covid19 no se opte por la militarización de los territorios como única forma de garantizar la seguridad y los derechos de los niños y niñas o de las comunidades afectadas por el conflicto armado, ya que el Estado debe garantizar el disfrute y el reconocimiento de los derechos de las personas acercando a la institucionalidad, garantizando la gestión de oportunidades sociales, culturales y económicas como formas reales de seguridad humana.
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Elevamos nuestras oraciones por el bienestar de niños y niñas en situación de riesgo de reclutamiento forzado, violencias domésticas y vulnerabilidad social. Como organización del sector religioso por la paz invitamos a las Iglesias de manera especial a desarrollar estrategias pastorales que permitan conocer los derechos de los niños, los protocolos de protección y educación para la convivencia y el buen trato. Las Iglesias como espacio protector debieran estar al tanto de los protocolos del uso, vinculación o reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de actores armados.

Juntas y Juntos reafirmamos nuestros compromisos por el cuidado y promoción de los derechos humanos desde nuestros esfuerzos socio-pastorales por la paz, la Noviolencia y la Reconciliación. Recordemos y hagamos vida el mensaje bíblico del Evangelio: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía." (Marcos 10:13-16)