La noviolencia elige el amor en lugar del odio. La noviolencia resiste la violencia al espíritu y al cuerpo. El amor noviolento es espontáneo, desinteresado, generoso y creativo” Martin Luther King
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La muerte de Javier Ordóñez, ingeniero aeronáutico y estudiante de derecho, a manos de agentes de la Policía Nacional en la madrugada del 9 de septiembre de 2020, ha conmocionado al país de forma tal que en menos de 24 horas se gestaron movilizaciones sociales en varias ciudades del país (Cali, Medellín, Soacha) teniendo como epicentro a la ciudad de Bogotá. Paulatinamente, estas movilizaciones desembocaron en enfrentamientos con la fuerza pública que culminaron con la quema de instalaciones de la policía, buses de servicio público, heridos y un saldo doloroso de al menos siete personas que perdieron la vida al protestar contra las instituciones policiales en Bogotá.
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La gravedad de los hechos ocurridos y la reacción ciudadana de indignación ante ellos, expresada en las redes sociales y en las calles de algunas de las ciudades del país da cuenta de un movimiento social cada vez mayor que, como en el pasado paro nacional de Noviembre 2019, sale a las calles a deslegitimar las políticas regresivas del Gobierno Nacional y represivas de la Fuerza pública.
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Los hechos de ayer desencadenados como respuesta ciudadana al asesinato de Javier Ordóñez que culminaron con el evidente abuso de la fuerza e irrespeto hacia la protesta social por parte de la Policía se enmarcan en un contexto de creciente violación a los derechos humanos expresado en masacres, homicidios, reclutamientos forzados de niños y niñas, desplazamientos masivos de comunidades y desapariciones forzadas. Hechos que no han tenido respuesta idónea por parte del Gobierno Nacional con el fin de garantizar los derechos de las y los ciudadanos y evitar que la población civil siga siendo presa de la violencia.

Por lo anterior, desde la Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), coherentes con la defensa de los derechos humanos y los principios de acción noviolenta, manifestamos las siguientes consideraciones:

AL GOBIERNO NACIONAL
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1.Rechazamos todos los actos de abuso de autoridad y de la fuerza por parte de la Policía Nacional y exigimos al Estado Colombiano investigar y judicializar a los responsables del homicidio de Alejandro Ordóñez y de las y 7 jovenes que fueron asesinados en el marco de la movilización social del día miércoles 9 de septiembre de 2020.
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2.Instamos al Gobierno Nacional a que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, sea garantice de la protesta social y cumpla lo establecido al interior de la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, por medio del cual se adopta el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”.
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3.Instamos de igual forma al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a que, con prontitud, se lleven a cabo transformaciones institucionales de fondo en la Policía Nacional, que conduzcan a constituirla como una institución garante de los derechos de la ciudadanía para, de esta manera, se evite la repetición de los graves hechos de abuso de autoridad y de la fuerza y se ubique en sintonía del camino de la paz por el que deseamos transitar todas y todos los colombianos. Cuestión frente a la cual proponemos el traslado de la Policía Nacional para que deje de estar adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y pase al Ministerio del Interior.
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4.Nuestro compromiso como organización del sector religioso es defender la vida, las libertades y la capacidad de expresar nuestras opiniones. En ese sentido, desde Justapaz respaldamos el derecho de la ciudadanía a la protesta social pacífica y no estamos de acuerdo con ningún acto de estigmatización en contra de la protesta social o cualquier intento de militarización de las ciudades.
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5.Consideramos de suma importancia abrir y garantizar canales amplios de diálogo entre la sociedad y las instituciones del Estado que permitan escuchar y tramitar los sentires y las propuestas de los pueblos y las comunidades, urbanas y rurales, que reclaman de este, representado por el gobierno, el respeto y garantía de sus derechos fundamentales. Cuestión frente a la cual bien haría el Gobierno Nacional en avanzar en el diálogo e implementación de la agenda de justicia social y de paz planteada desde el Paro Nacional del año 2019.
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6.Finalmente, frente al recrudecimiento de la violencia y la violación de los derechos humanos de las comunidades, llamamos al Gobierno Nacional a que actúe en concordancia con el “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos” que ha suscrito y se comprometa decididamente a trabajar de la mano de ellas y ellos para que cese la histórica práctica de violación a sus derechos.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar en el marco de la movilización social bajo la ética del cuidado y el autocuidado, la protección de la vida y las acciones sin daño, y a tener presente la ética y la moral que comporta la “noviolencia”. Como entidad de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, proponemos a la sociedad una alternativa de resistencia noviolenta a la injusticia, promover la objeción de conciencia, el perdón y la reconciliación para lograr una convivencia pacífica con dignidad para todos y todas. Construir la paz de nuestro país es una tarea a la cual estamos abocados todas y todos, es un compromiso con la vida, es un compromiso con la historia. Que la violencia nunca más vuelva a ser el camino.

FIRMA: JUSTAPAZ.