Justapaz avanza en los diálogos con el Ministerio del Interior por la protección de líderes de iglesia

El 2024 finalizó con la noticia del asesinato Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus dos hijos Ángela y Santiago. Los tres primeros fallecieron en el lugar, mientras que el último, el hijo menor, falleció días después producto de las heridas recibidas durante el hecho. Aunque las investigaciones han avanzado, este fue un hecho que puso sobre la mesa la importancia de poner sobre la mesa la urgencia de la protección de lideresas y líderes religiosos.

Ante esto la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL) junto a Justapaz iniciaron en el mes de enero diálogos con la dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, a través de la senadora Lorena Ríos. Estas reuniones se adelantaron, inicialmente, para evaluar la situación de riesgos y vulnerabilidades de quienes a través de su labor como lideresas y líderes religiosos han venido trabajando por la construcción de paz en Colombia, sobre todo es zonas en donde se ha recrudecido el conflicto armado.

A estas reuniones han asistido también delegados de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Asimismo, la presencia de delegados de las iglesias y organizaciones basadas en la fe ha sido primordial, pues ha sido a través de estas que también se ha podido analizar los mecanismos de protección que rigen y cubren el bienestar y el normal desarrollo de la vida ministerial, y paralelo a esto han sido quienes han podido compartir en estas mesas la importancia e impacto que han tenido las acciones sociales y de paz de las iglesias en distintas regiones, en donde no solo han cumplido con un papel de mediadores espirituales, sino también de puentes hacia la reconciliación y reparación de quienes han sufrido las consecuencias de la violencia.

Dentro de los temas en los que se ha insistido poner atención se encuentran la extorsión a líderes de iglesia, el riesgo de pastores y líderes al tener que viajar por visitas pastorales y humanitarias a zonas rurales donde hay actores armados. Adicionalmente, se ha traído a colación la vulneración al ministerio pastoral debido a que los confinamientos y otras acciones de grupos armados, quienes limitan en ocasiones el desarrollo de cultos, visitas pastorales o de otras acciones relacionadas. Se denunció la persecución, amenazas y otros hechos que ponen en riesgo la vida de personas asociadas a congregaciones religiosas.

Ante esto, y tras los diálogos adelantados, se han solicitado una serie de acciones prioritarias, dentro de las que están hacer caracterización del tipo de amenazas o riesgos que se viven en el sector religioso, dado que algunas de las afectaciones están relacionadas con el ámbito delincuencial, otras con la persecución religiosa y otras con las violencias asociadas a hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.

A esto se sumó la solicitud de generar  medidas diferenciadas de protección, protocolos y procedimientos para la protección colectiva de libre del sector religioso, para esto se propuso adelantar un ejercicio conjunto de monitoreo de riesgos, documentación de casos  por parte de las entidades correspondientes como Ministerio del interior y la Defensoría del Pueblo, a través de esto se podrían realizar alertas tempranas diferenciales para el sector religioso como mecanismo de prevención.

Es necesario reconocer la voluntad del Ministerio del interior a través de la oficina de asuntos religiosos para movilizar y hacer efectivas las acciones de prevención y promoción de los Derechos Humanos, considerando el papel del sector religioso en los temas de convivencia social, paz y reconciliación.

Los diálogos y acciones continúan avanzando con el firme propósito de proteger la vida y bienestar de quienes por años han estado de frente en la construcción de un país más justo y no violento.