Bogotá, 30 de junio de 2020
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Como Justapaz, organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, que trabaja por la justicia, la paz y la Noviolencia nos pronunciamos enfáticamente para rechazar el abuso sexual, cometido contra una niña indígena de apenas 13 años, perteneciente a la etnia Embera Katío del Resguardo Gito Dokabú- en el Corregimiento Santa Cecilia en Pueblo Rico (Risaralda) a manos de siete (7) soldados del Ejército Nacional de Colombia pertenecientes al Batallón de Artillería N. 8 ‘Batalla de San Mateo’ adscrito a la Octava Brigada.
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Rechazamos y manifestamos nuestra indignación frente a todo tipo de violencias ejercidas contra los cuerpos, las mentes y la naturaleza. Hacemos un llamado urgente al Estado Colombiano representado por el Gobierno nacional y a las autoridades territoriales, para que se garanticen y adelanten todas las acciones para el restablecimiento de derechos, la prevención, investigación y juzgamiento relacionado con hechos como los documentados en los últimos días para que no prime la impunidad frente a estas violencias que aquejan a Colombia y que suelen cernirse sobre las poblaciones más vulnerables y excluidas por razones de etnia, género, raza o condición económica.

​En el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se han documentado hechos relacionados con la escalada de las violencias en el territorio nacional contra líderes y lideresas sociales, aumento de reclutamiento de niños y niñas, las violencias basadas en género, la alta tasa de feminicidios registrados en las últimas semanas, las violencias físicas y sexuales que se ejercen en contra de niñas, niños y jóvenes. Es más preocupante aún que integrantes del Ejército Colombiano sean autores de dichas violencias como las ocurridas con la niña de la étnia Embera Katio, o la violación y asesinato de (3) niños en Arauca en el año 2010, el bombardeo contra menores en el Putumayo en el año 2019, y ejecuciones extrajudiciales que son del conocimiento de la Justicia colombiana y por la que en múltiples ocasiones se ha condenado a la Institución militar.
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Desde nuestro compromiso ético y religioso por la paz, la justicia y la Noviolencia rechazamos todo tipo de acción estatal que lesione la vida, el bienestar y los derechos humanos. Por ello invitamos a que en estos tiempos de aislamiento social por la pandemia del Covid19 no se opte por la militarización de los territorios como única forma de garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades, ya que el Estado debe propender por garantizar el disfrute y el reconocimiento de los derechos de las personas acercando a la institucionalidad, garantizando la gestión de oportunidades sociales, culturales y económicas como formas reales de seguridad humana

​Elevamos nuestra voz como organización del sector religioso y nos sumamos al llamado de las organizaciones defensoras de los derechos de los niños y niñas para exigir del Estado Colombiano en cabeza de los distintos órganos del poder público, a que investiguen y sancionen a los responsables, esclarezcan los hechos victimizantes, restablezcan a las víctimas directas e indirectas en sus derechos e integridad y reconozcan los patrones de violencia basada en género, raza, etnia, edad y condición económica que ha ejercido el Ejército Nacional.
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Invitamos a la sociedad y en especial a las Iglesias ahondar las iniciativas de protección y prevención de violencias contra las Mujeres, las niñas y los niños. Juntas y Juntos reafirmamos nuestros compromisos por el cuidado y promoción de los derechos humanos desde nuestros esfuerzos socio-pastorales por la paz, la Noviolencia y la Reconciliación.